Repatriación, integración local y reasentamiento son soluciones duraderas que podrían garantizar los derechos de personas en situación de vulnerabilidad más allá de la frontera natal.

“Tuve que salir corriendo sin nada…”, “…tengo miedo por lo que nos pueda pasar si nos devuelven”, “…no sabemos cómo conseguir los papeles para que los hijos vayan a la escuela”, forman parte de la galería de expresiones registradas de personas que se encuentran fuera de su país de origen; que han huido por amenazas a su vida, integridad, seguridad o libertad; temen retornar y que -por alguna razón- no han formalizado una solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado. Este perfil es calificado por la Constitución Nacional como una “Persona con Necesidad de Protección Internacional (PNPI)”.

A diferencia de los refugiados que son personas que huyen “para salvar sus vidas o preservar su libertad”, en quienes existen “fundados temores de ser perseguidos por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas”; las PNPI no gozan de un amparo específico por parte del Derecho Internacional, mientras que los refugiados sí.

Vulnerabilidad, riesgos y peligros

Aiskel Andrade, abogada y politóloga, directora del Centro de Estudios Regionales de la Universidad Católica Andrés Bello Extensión Guayana (UCAB Guayana), explicó que las PNPI se ubican en otro país sin tener los instrumentos o mecanismos legales que le permitan gozar de derechos (salud, educación, empleo, entre otros), aunque sea en condición de extranjero. “A veces los procesos para llegar a la legalidad no son tan sencillos; estas personas necesitan solidaridad y acompañamiento para poder sustentarse”.

La investigadora se refiere a este fenómeno de las PNPI como un proceso complejo, pues las personas se desplazan de manera forzada, sometidas a innumerables riesgos y peligros como la trata, reclutamiento y trabajos forzados, subyugadas a la mala voluntad de individuos que realizan procedimientos ilegales.

Otra realidad es que estas personas tienen que insertarse en una comunidad, tanto en lo legal, como en lo económico, social y cultural. Ello requiere el desarrollo de una cultura de integración, respeto al otro y a la diversidad, lo cual no se da automáticamente, sino que tiene que producirse. “Esto muchas veces implica conflictos de integración que deben ser considerados”, puntualizó la abogada.

En conclusión, Andrade sostiene que los estados están obligados a evitar el desplazamiento forzado interno por la no accesibilidad a derechos fundamentales, ya que la consecuencia casi segura de este hecho es la movilidad internacional y la fragilidad que supone el sometimiento a una condición de necesidad de protección internacional y no tener la documentación en regla, por la complejidad de los procesos.

En este sentido, a través de un programa de formación y sensibilización desarrollado entre el Centro de Estudios Regionales y la escuela de Educación, la UCAB Guayana promueve la cultura de paz entre maestros, padres/madres y representantes de la comunidad que acoge a las PNPI. En esta triada el docente es la persona ideal para acompañar procesos de integración. Asimismo, la Universidad acompaña la familia de PNPI, con la dotación de herramientas que le permitan fortalecer su condición, que muchas veces es de invisibilidad y desconocimiento de mecanismos disponibles.

 Texto: Rosanny Rivas

Foto: Ramón Rivera

Coordinación de Comunicaciones UCAB Guayana